En un nuevo capítulo sobre corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Octavio Romero Oropeza, titular de la institución, reveló durante la mañanera del 27 de enero un esquema que afectó a miles de derechohabientes en Puebla y otras entidades del país.
Juicios masivos y despojos
Desde 2012, despachos jurídicos emprendieron más de 10 mil juicios en Puebla para despojar de sus viviendas a trabajadores, la mayoría de otros estados. De los 10 mil 577 juicios realizados en Puebla:
- 10 mil 421 fueron contra derechohabientes que residían en otros estados.
- Solo 156 correspondieron a poblanos.
Esta irregularidad también ocurrió en Nayarit, donde se iniciaron casi 62 mil juicios, afectando a personas de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y otros estados.
La estrategia de los despachos consistió en demandar a derechohabientes con problemas de pago, incluso a aquellos que estaban al corriente en sus cuotas. Además, los juicios se realizaron en entidades distintas a las de residencia de los afectados, lo que dificultó su defensa.
Impacto devastador
En total, 373 mil trabajadores fueron afectados, de los cuales:
- 249 mil perdieron su vivienda.
- 207 mil viviendas permanecen en incertidumbre jurídica.
- 42 mil viviendas fueron vendidas en subastas masivas.
Monto desviado
Se reveló que los despachos jurídicos involucrados recibieron grandes sumas de dinero por estos juicios:
- GABSSA: 2 mil 44 millones de pesos.
- Otros despachos como BEAMBER, ECD, Aguiar, ILS, y Tormenz también participaron.
En total, se destinaron 29 mil 263 millones de pesos a estos despachos, una cifra superior al presupuesto destinado a la pensión para personas con discapacidad.
Romero Oropeza informó que el INFONAVIT está cancelando los contratos con los despachos implicados. Además, se presentarán denuncias contra funcionarios del poder judicial y notarios públicos que participaron en estas prácticas irregulares.
Declaraciones de la presidenta
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se seguirán presentando denuncias ante la Fiscalía General de la República para sancionar a los responsables. Además, enfatizó la importancia de proteger el patrimonio de los trabajadores y reforzar las acciones para garantizar justicia en casos de corrupción.
Este caso evidencia un esquema de abuso sistemático contra los trabajadores de México, dejando una tarea pendiente para el gobierno: garantizar la reparación del daño y prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
